Las inspecciones, desarrolladas por la subdirección de Auditoría Sanitaria, revelaron desde la falta de habilitaciones legales hasta condiciones edilicias deplorables y ausencia de personal especializado. Pese a las intimaciones previas y el otorgamiento de plazos para la adecuación normativa, los responsables de los establecimientos persistieron en los incumplimientos, lo que derivó en la interrupción inmediata de sus actividades.

Según el informe oficial difundido en la noche de ayer miércoles, los establecimientos presentaban graves grietas, humedad persistente en las paredes y un hacinamiento crítico, evidenciado por el exceso de camas por habitación. A estas fallas de infraestructura se sumó el desorden administrativo y médico: historias clínicas incompletas, medicamentos almacenados sin los resguardos de seguridad necesarios y, fundamentalmente, la falta o insuficiencia de personal de enfermería capacitado para la atención de la tercera edad.

Desde la cartera sanitaria fueron contundentes al señalar que la habilitación provincial es una condición innegociable y obligatoria para el funcionamiento de estos espacios. En este sentido, se aclaró que ninguna autorización de carácter municipal tiene la potestad de reemplazar o eximir a los propietarios de los controles rigurosos que exige el sistema de salud de la provincia.

La medida de clausura surgió como última instancia luego de que los plazos de gracia otorgados por el Estado fueran ignorados por los dueños de los geriátricos, quienes no realizaron las inversiones ni los ajustes requeridos en las actas de inspección originales.
El Ministerio de Salud remarcó que el cuidado de las personas mayores es una tarea que exige la máxima responsabilidad social y el estricto cumplimiento de la ley. "No se puede permitir que la vulnerabilidad de nuestros abuelos sea moneda de cambio frente a la precariedad", enfatizaron desde el organismo.

Tras la clausura, se inició un proceso de seguimiento para garantizar que los adultos mayores sean reubicados en entornos seguros o regresen con sus familias bajo condiciones que aseguren su bienestar. Las actuaciones ahora se encuentran en manos de la justicia administrativa, mientras continúan los relevamientos en otros centros asistenciales de la provincia.

Fuente: Ministerio de Salud de San Luis.
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