El bolsillo de los sanluiseños se enfrenta a una nueva y severa amenaza. El Poder Ejecutivo nacional, a través del proyecto de ley bajo el Mensaje N° 137-2026, busca derogar el articulado clave de la Ley N° 27.637 de "Zona Fría". Esta medida implicaría la quita total de la segmentación bioclimática que actualmente subsidia el consumo de gas natural en casi todos los departamentos de la provincia de San Luis, una región caracterizada por su alta amplitud térmica y registros de temperaturas mínimas que se ubican entre las más bajas de todo el país.
Ante la inminencia del debate, Laura Giumelli, presidenta de la Comisión Reguladora Provincial de la Energía Eléctrica (CREE) y coordinadora del Plan Maestro de Energía 2026-36, envió un pormenorizado informe a los diputados nacionales Ernesto Alí, Carlos Almena, Claudio Álvarez, Mónica Becerra y Jorge Fernández, y a los senadores Bartolo Abdala, Ivanna Arrascaeta y Fernando Salino, exigiéndoles defender los intereses de los usuarios puntanos.
Denunció que el proyecto del Gobierno nacional para derogar los subsidios climáticos ignora las bajísimas temperaturas de la provincia. El impacto mensual neto por hogar oscilará entre los $10.000 y $40.000, golpeando con fuerza las economías domésticas.
Según el documento técnico emitido por la CREE, el impacto de eliminar el beneficio se traducirá en subas netas inmediatas de entre $10.000 y $40.000 mensuales más impuestos para las categorías residenciales más pequeñas.
"El impacto del aumento de los precios eléctricos y gasíferos se potencia, poniendo en muchos casos a los usuarios en situación de 'pobreza energética', la cual ocurre cuando un hogar debe destinar más del 10% de sus ingresos totales solo para cubrir sus requerimientos energéticos básicos", alertó Giumelli en la misiva.
La funcionaria recordó que San Luis ha destinado históricamente millonarias inversiones de sus propias arcas, sin auxilio de la Nación, para expandir la red de gas natural en todo el territorio con el fin de mejorar la calidad de vida y potenciar el entramado productivo. La quita del subsidio desvirtúa este esfuerzo federal.
Asimismo, el informe advierte sobre un peligroso efecto dominó en el sistema si la población pierde el acceso asequible al gas:
Presión sobre la red eléctrica: Aquellos usuarios que no puedan pagar el gas se volcarán masivamente a la calefacción eléctrica, saturando la infraestructura actual.
Uso de alternativas caras y peligrosas: Los sectores más vulnerables se verán obligados a recurrir al Gas Licuado de Petróleo (GLP / garrafas) o combustibles sólidos (como la leña), mercados cuyos precios son aún más volátiles, caros y difíciles de conseguir en plena temporada invernal.
Giumelli criticó con dureza que el proyecto oficialista persiga la única meta de "disminuir subsidios" de forma matemática, sin distinción de realidades geográficas ni análisis de vulnerabilidad. "La focalización de subsidios no solo depende de la situación socioeconómica de quienes los reciben, sino también del lugar que habitan", argumentó.
Finalmente, la titular de la CREE sumó una fuerte queja con respecto al federalismo fiscal, señalando que las provincias que cumplen con sus pagos —como San Luis— terminan perjudicadas, viendo disminuida su masa coparticipable mientras los fondos nacionales se usan para compensar deudas de distritos que no pagan a CAMMESA.
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