El grave siniestro industrial, el cual fue difundido por medios internacionales, derivó en la internación de 128 operarios con diversos cuadros de intoxicación y quemaduras, disparando una investigación judicial inmediata contra los directivos de la compañía minera por severas vulneraciones a los protocolos de seguridad laboral y ocultamiento de información sobre el personal en servicio.
El estallido se desencadenó a las 19:29 horas del pasado viernes en una de las secciones de extracción profunda del yacimiento minero. De acuerdo con los informes médicos brindados por los centros asistenciales de la región, de los 128 mineros hospitalizados, dos permanecen internados en estado crítico y otros dos bajo pronóstico reservado debido a la gravedad de las lesiones en sus vías respiratorias.
Las autoridades gubernamentales reconocieron que las tareas de rescate y la consolidación del balance de víctimas se vieron severamente demoradas por el caos inicial en la boca del pozo y por las maniobras evasivas de la firma responsable, la cual no suministró a tiempo las planillas oficiales con las identidades de los contingentes que se encontraban en el turno de producción.
Los peritajes técnicos preliminares determinaron que los sistemas de ventilación del yacimiento registraban deficiencias estructurales graves, permitiendo que las concentraciones de gases tóxicos y combustibles bajo el pozo superaran los límites de seguridad biológica durante un tiempo prolongado antes de la detonación.
Los especialistas en ingeniería de minas advirtieron que la persistencia de las emanaciones y la inestabilidad de los túneles tras el impacto inicial incrementaron el riesgo de desprendimientos secundarios y nuevas explosiones secundarias, condicionando el ingreso seguro de los rescatistas y de la maquinaria de ventilación forzada a las áreas afectadas.
A raíz del desastre, la agencia oficial de noticias Xinhua reportó que las auditorías estatales hallaron a la corporación concesionaria culpable de serias violaciones a la legislación de seguridad minera vigente.
Ante esta situación, las fuerzas de seguridad locales procedieron al arresto y puesta bajo control judicial de los principales directivos de la planta, al tiempo que se decretó la clausura temporal y la interrupción absoluta de las actividades de extracción en todo el complejo Liushenyu para auditar los sistemas de alarma.
Por su parte, el alcalde de la ciudad de Changzhi, Chen Xiangyang, ratificó que el gobierno regional supervisará las acciones de remediación ambiental y las indemnizaciones familiares, asegurando que las investigaciones penales continuarán hasta las últimas consecuencias para fijar responsabilidades y adecuar los estándares técnicos de las explotaciones de carbón de la zona.
Fuente: Móvil de Radio Popular.
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