Andrés Luciano Pizarro Quilaman fue formalmente acusado como coautor del delito de estafa tras detectarse que habría recibido millonarias transferencias de dinero producto de las operaciones ilegales lideradas por Mayte Reyna de Portugal Escudero, quien se encuentra en prisión preventiva desde marzo.
El fiscal Leandro Estrada, junto al fiscal adjunto Alexis Chavero, presentó los cargos contra Pizarro Quilaman tras su detención el pasado martes. Según la acusación, el hombre desempeñaba un rol clave en la recepción de los beneficios económicos derivados del engaño.
La maniobra consistía en la venta de terrenos que la Municipalidad de Villa Mercedes había cedido a la Provincia para planes habitacionales, pero que los estafadores ofrecían como propios mediante contratos de cesión de derechos sin validez legal.
Durante la audiencia, se reveló que el daño económico es significativo y que, en uno de los casos, un damnificado llegó a entregar una camioneta como parte de pago, vehículo que ya fue secuestrado por las autoridades.
La Fiscalía adelantó que solicitará la prisión preventiva para Pizarro Quilaman, argumentando la gravedad del hecho, la extensión del daño y el riesgo procesal, dado que aún resta capturar a un tercer implicado que se encuentra prófugo y con orden de detención vigente.
Por su parte, la jueza de Garantías, Natalia Pereyra Cardini, admitió la formulación de cargos por estafas reiteradas en 28 hechos y concedió una prórroga de detención solicitada por la defensa del acusado, representada por Pascual Celdrán. Esta medida extiende el arresto hasta el próximo martes 19 de mayo, fecha en la que se definirá si el imputado continuará el proceso bajo prisión preventiva, al igual que su presunta socia.
Respecto a la situación de Mayte Escudero, la audiencia de ampliación de cargos prevista para esta semana debió suspenderse debido a la inasistencia injustificada de sus abogados. El Ministerio Público Fiscal reprogramó el acto para el 29 de mayo, instancia en la que se le comunicará formalmente el incremento en el número de hechos denunciados, los cuales pasaron de 20 a 28 tras la aparición de nuevos vecinos estafados que se acercaron a la Justicia luego de la difusión del caso.
Fuente: El Chorrillero.
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