El municipio de Villa Mercedes radicará este lunes una denuncia penal contra una mujer que vendió "derechos posesorios" de tierras fiscales ubicadas en el noreste de la ciudad, justo donde el Gobierno provincial planea construir un nuevo barrio de 300 viviendas.
El conflicto estalló cuando las máquinas de nivelación ingresaron al predio, revelando una trama de ventas irregulares certificadas ante escribano que hoy deja a 33 familias en la incertidumbre total.
El predio en disputa se ubica en un sector estratégico del noreste local, entre la zona de La Dársena y la Autopista de las Serranías Puntanas, cerca del barrio 70 Viviendas. Estas tierras habían sido cedidas recientemente por la gestión del intendente Maximiliano Frontera al Gobierno de San Luis para la ejecución de un ambicioso plan habitacional.
El conflicto salió a la luz ayer sábado, cuando los compradores advirtieron que las máquinas oficiales comenzaban a trabajar en los lotes que creían haber pagado legítimamente.
La principal señalada en el caso es Maité Reina del Portugal Escudero, quien desde enero comenzó a ofrecer parcelas de 500 metros cuadrados bajo el nombre de "Familia Unida" por un valor de 15 millones de pesos cada una. Según los damnificados, muchos de ellos ya habían cancelado la totalidad del monto mediante contratos firmados en una escribanía céntrica de la calle Pedernera, los cuales incluían planos de manzanas y numeración de lotes.
Ante el reclamo urgente de los vecinos ayer sábado por la mañana, la vendedora alegó que los terrenos le correspondían por una herencia de su abuelo y que ella se encontraba tramitando la posesión veinteañal, argumento que choca frontalmente con la documentación dominial del Estado.
¿Qué dijo la municipalidad de Villa Mercedes?
Desde el Ejecutivo municipal se anunció una respuesta contundente para este lunes, momento en el que se presentará una denuncia formal ante la Justicia penal. Las autoridades adelantaron que cuentan con toda la documentación que acredita que las tierras son fiscales y que cualquier transacción privada sobre las mismas carece de validez legal.
La asesoría letrada del municipio busca desarticular lo que consideran una maniobra de venta de "derechos posesorios" inexistentes, mientras que la vendedora aseguró que intentará presentar una medida de "no innovar" en los tribunales para frenar el avance de las obras gubernamentales.
La situación ha generado un clima de máxima tensión entre los damnificados, quienes se ven atrapados entre una presunta estafa y la inminente construcción del barrio de 300 viviendas anunciado por la provincia.
Fuente: El Chorrillero.
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