A 54 días del hallazgo sin vida de Fernando Gil, la investigación judicial penal dio un giro determinante. En una audiencia clave, la fiscalía formalizó la formulación de cargos contra los cuatro detenidos, señalados como los principales responsables del homicidio. Tras la imputación, los acusados se abstuvieron de declarar y solicitaron la prórroga de ocho días de raigambre constitucional para que la defensa técnica analice el legajo.
El doctor Hanna Abdallah, abogado patrocinante de la familia de la víctima, dialogó con los medios en sede judicial y brindó detalles precisos sobre los roles asignados, el andamiaje probatorio y la hipótesis principal que maneja la querella junto al Ministerio Público Fiscal.
La imputación dictada por la justicia discrimina responsabilidades directas y secundarias entre los miembros de la familia que reside y trabaja en el predio donde ocurrió el hecho:
Los tres imputados masculinos (de apellido Agüero): Fueron imputados bajo la figura de coautores penalmente responsables de homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas.
La mujer detenida (pareja de uno de los hijos): Fue imputada en carácter de partícipe secundaria, también bajo la calificación de alevosía y el concurso de dos o más personas.
De acuerdo con lo expuesto por el doctor Abdallah, la reconstrucción del hecho sitúa el crimen en el interior de un establecimiento de explotación minera local:
"A Fernando lo mataron dentro de la cantera y luego lo arrojaron al estanque con agua. Su causa final de muerte fue sumisión de agua (asfixia por sumersión), pero la necropsia dio indicios claros de que se encontraba fuertemente golpeado previo a su deceso".
La cronología previa al fatídico desenlace indica que el día jueves por la tarde, Fernando estuvo en la casa de un hombre de apellido Soria —padrastro de un amigo— compartiendo una reunión social hasta aproximadamente las 5:00 de la mañana del viernes.
Las cámaras de seguridad de una cantera vecina (propiedad de la firma Basi) resultaron fundamentales para registrar el trayecto de la víctima: confirmaron de forma fehaciente que Fernando llegó solo al lugar e ingresó a la propiedad de los Agüero. Con este registro fílmico, la querella dio por completamente descartada la hipótesis inicial que sugería el traslado de un cuerpo en una carretilla.
Consultado sobre cómo se logró individualizar a los sospechosos casi dos meses después del hecho, Abdallah destacó el accionar coordinado entre la Policía de la Provincia y el Ministerio Fiscal, haciendo especial hincapié en el área de Delitos Complejos.
El punto de quiebre se originó a partir de dos llamados telefónicos a la línea de emergencias 911, registrados el viernes de la desaparición a las 5:56 y 6:05 de la mañana. En dichas comunicaciones, desde el predio daban aviso de que una persona supuestamente intentaba ingresar a la propiedad y luego manifestaban que "lo tenían agarrado".
A partir de ese dato, los peritos informáticos realizaron una exhaustiva recuperación y análisis de los teléfonos celulares secuestrados. El rastreo tecnológico permitió hallar valiosos elementos probatorios, entre ellos mensajes eliminados en horas posteriores al crimen, los cuales vinculan de forma directa y unívoca a los cuatro imputados con el ataque.
Si bien en los primeros tramos de la causa el entorno de Fernando Gil manifestó públicamente su preocupación por la aparente lentitud del proceso, el doctor Abdallah aclaró el motivo de los tiempos judiciales:
"La justicia trabajó muy bien, pero lo hizo en estricto silencio para no entorpecer la causa ni alertar a los sospechosos. Las pruebas iniciales eran muy escasas y debían ser tratadas con pinzas y máximo detalle. Hoy consideramos que los elementos reunidos son totalmente suficientes para llevar a estas cuatro personas a juicio".
Con la concesión de la prórroga de los ocho días solicitada por la defensa, se abre un breve compás de espera tras el cual se reanudarán las audiencias operativas en el marco de la investigación penal preparatoria.
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