Tres hombres imputados por la brutal agresión a Ramón Chacón, un vecino con discapacidad de la localidad de Justo Daract, quien sufrió una grave fractura facial, irán finalmente a juicio oral. La resolución se tomó luego de que la Justicia provincial rechazara de forma definitiva el pedido de la defensa para acceder a la suspensión del juicio a prueba (conocida como probation).
El grave episodio ocurrió el 15 de diciembre de 2024 en la intersección de las calles Córdoba y Uriburu. De acuerdo con la acusación fiscal, la víctima circulaba en su motocicleta cuando fue interceptada por uno de los agresores, quien lo golpeó provocando que cayera al suelo. Acto seguido, los otros dos imputados se sumaron al ataque propinándole patadas en el piso. La secuencia completa fue filmada por testigos ocasionales y las imágenes generaron un fuerte repudio social al viralizarse en las redes.
Los procesados en la causa son William Agustín Carrión, Frank Axel Carrión y Martín Nicolás Rodríguez, todos acusados bajo la carátula de lesiones graves agravadas por la participación de dos o más personas. Con el fin de evitar la instancia de debate oral, la defensa de los jóvenes había ofrecido el pago de una indemnización económica en cuotas mensuales junto con la realización de tareas comunitarias.
Sin embargo, tanto el fiscal del caso como la querella legal de Chacón manifestaron una firme oposición al acuerdo. Tras analizar los recursos, el Tribunal de Impugnaciones ratificó el fallo previo del juez de Garantías, Dr. Matías Farinazzo Tempestini, sepultando las intenciones de la defensa.
El tribunal argumentó que la violencia ejercida, la vulnerabilidad de la víctima debido a su condición de discapacidad, las secuelas físicas y psicológicas sufridas, y la insuficiencia de la propuesta económica de reparación justifican de manera indispensable la realización de un juicio tradicional.
Asimismo, los magistrados recalcaron la importancia de dar una respuesta judicial que resulte proporcional al daño provocado en la comunidad y, sobre todo, de respetar la expresa voluntad de Ramón Chacón, quien desde un principio rechazó el dinero y exigió que el caso sea debatido y juzgado en los tribunales de San Luis.
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