La gobernadora de Campeche repudió el intento de quemar a efectivos policiales y los daños al Palacio de Gobierno. Aseguró que los responsables están identificados y vinculados a sectores políticos, por lo que se iniciarán acciones legales.
El Gobierno de Campeche emitió una fuerte condena tras los disturbios registrados el pasado 8 de marzo. Según detalló la gobernadora Layda Sansores, la jornada de movilización derivó en actos de violencia que incluyeron la rotura de 25 cristales del Palacio de Gobierno y, fundamentalmente, un ataque contra el personal de seguridad.
El hecho de mayor gravedad denunciado por la mandataria involucra a una manifestante que habría rociado con gasolina a un grupo de mujeres policías con la intención de prenderles fuego mientras custodiaban el edificio. Sansores calificó el episodio como un "acto criminal" que desvirtúa la lucha legítima por los derechos de las mujeres.
La Fiscalía General del Estado confirmó que los arrestados enfrentan cargos por motín y agresiones graves. El saldo final arrojó 23 mujeres policías lesionadas y daños en 35 edificios históricos y religiosos de la capital estatal.
Lo que inició como una jornada de reivindicación terminó en un complejo proceso judicial. La Fiscalía de Campeche informó la detención de 14 personas vinculadas a los disturbios del pasado domingo. Los cargos son severos: daño en propiedad ajena, motín y homicidio en grado de tentativa, este último derivado del ataque con combustibles a las fuerzas de seguridad.
El reporte de la Secretaría de Seguridad Pública detalló la magnitud del enfrentamiento: de las 109 mujeres policías que participaron en el operativo, 23 resultaron heridas. Tres de ellas sufrieron quemaduras directas, mientras que otras 20 presentan diversos traumatismos. Según el informe oficial, los efectivos fueron atacados con diésel, gasolina y bombas de gases tóxicos.
En cuanto al patrimonio, el relevamiento de daños es extenso: 35 propiedades históricas y religiosas sufrieron actos de vandalismo. La Secretaría de Gobierno descalificó las acciones, subrayando que la violencia contra servidores públicos constituye un delito que no quedará impune. En las próximas horas, los detenidos serán puestos a disposición de un juez para determinar su situación legal.
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