El intendente Walter Cortés dictó una resolución que veda actividades informales en semáforos, alegando inseguridad y disturbios. La oposición denuncia falta de registros para regularizar a los trabajadores y tilda la medida de "golpe de efecto".
El escenario en las calles de San Carlos de Bariloche cambió drásticamente esta semana. Bajo la resolución Nº 772-I-2026, el municipio prohibió la venta ambulante, el servicio de limpiavidrios, los "trapitos" y los espectáculos de malabarismo en la calzada. El intendente justificó la decisión basándose en el Código Contravencional de Río Negro, señalando que el centro de reclamos recibió numerosas denuncias por intimidación y entorpecimiento del tránsito.
Sin embargo, la medida no tardó en levantar polvareda:
La postura oficial: El subsecretario de Seguridad, Carlos Bais, informó que ya se notificó a unas 30 personas, afirmando que más de la mitad provienen de otras ciudades.
La crítica opositora: Concejales como Leandro Costa Brutten y Roxana Ferreyra sostienen que la resolución es contradictoria. Aseguran que, aunque el texto habla de "autorización municipal", el registro para inscribirse no existe.
Los ediles opositores relevaron que muchos de los afectados son residentes locales sin antecedentes, que dependen de "la gorra" para subsistir.
Según los considerandos de la resolución, la decisión se fundamenta en la gran cantidad de denuncias recibidas a través de la línea de reclamos 103. Los vecinos reportaron desde obstrucciones al tránsito y distracciones peligrosas para los conductores hasta situaciones de mayor gravedad, como hechos de intimidación, coacción y amenazas hacia quienes transitan por la ciudad.
Desde el Ejecutivo municipal sostuvieron que la proliferación de estas actividades sin regulación genera un «riesgo potencial» para la seguridad vial y afecta el derecho a la libre circulación. En sus fundamentos, Cortés señaló que estas prácticas han derivado en reiteradas oportunidades en conflictos que alteran la convivencia social y generan un clima de inseguridad en las calles.
Para garantizar el cumplimiento de la norma, la resolución faculta a la Secretaría de Protección Ciudadana y a la Subsecretaría de Seguridad a coordinar operativos de control. Estos procedimientos se realizarán en conjunto con las fuerzas de seguridad, bajo el marco de la Ley Provincial N° 5592 (Código Contravencional de Río Negro).
La normativa busca dotar al Estado municipal de herramientas legales precisas para intervenir y «desalentar» estas prácticas en la vía pública. La resolución lleva también la firma de los secretarios de Hacienda, Gonzalo Miguel Lerra, y de Legal y Técnica, Yanina Sánchez.
La polémica queda instalada: ¿Es una medida de seguridad necesaria o un acto de exclusión en una ciudad que vive del turismo? Mientras tanto, los operativos continúan y el debate se traslada al Concejo Deliberante.
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