El debate en torno a los derechos de los pacientes en la etapa final de sus vidas volvió a ingresar formalmente a la agenda del Congreso de la Nación. Este martes, el diputado nacional por Santa Fe, Esteban Paulón (bloque Provincias Unidas), presentó un proyecto de ley que busca garantizar y regular la "muerte voluntaria médicamente asistida" en todo el territorio argentino.
La propuesta legislativa está diseñada para aplicarse exclusivamente en casos específicos donde la salud y la calidad de vida del paciente se encuentren seriamente comprometidas por padecimientos graves o terminales.
"Buscamos proteger la libertad de morir de manera voluntaria, regulando los procedimientos, definiendo los principios y salvaguardas, estableciendo los derechos y deberes del personal de salud y creando los mecanismos institucionales de evaluación, control y seguimiento", fundamentó el legislador socialista a través de sus redes sociales bajo la premisa: "Eutanasia. Por el derecho a decidir y la libertad de poder hacerlo".
El texto detalla que la norma se regirá bajo los principios de autonomía relacional, dignidad, no maleficencia, justicia e igualdad de acceso. Asimismo, prevé delimitar las responsabilidades, protecciones y deberes de los profesionales médicos, incluyendo mecanismos de control y seguimiento para evitar irregularidades.
Este no es el primer intento de instalar el tratamiento de la eutanasia en la Cámara baja. En noviembre de 2025, el diputado de la UCR Lisandro Nieri ya había presentado un marco legal similar para personas con enfermedades graves e incurables, el cual contemplaba reformas al Código Penal para dar respaldo a los médicos intervinientes. Con este nuevo ingreso, se busca unificar criterios y reactivar las comisiones.
El impulso del proyecto coincide con un hecho histórico a nivel regional: el pasado 22 de mayo se registró en Uruguay la primera muerte por eutanasia bajo amparo legal. Se trató de una paciente oncológica de 69 años con cáncer de páncreas terminal. Cabe recordar que el vecino país aprobó su legislación en octubre de 2025 y la promulgó en abril de 2026 bajo la gestión del presidente Yamandú Orsi, sumándose a Colombia y Ecuador como las únicas naciones latinoamericanas con marcos normativos vigentes para la muerte asistida.
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