A través de una resolución publicada este martes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo nacional determinó que el costo financiero de este beneficio deberá ser absorbido en su totalidad por las compañías operadoras, argumentando que la reciente desregulación del sector les otorga la flexibilidad necesaria para internalizar dichos gastos en sus estructuras comerciales de costos.
La medida quedó institucionalizada mediante la Resolución 28/2026 del área de Transporte, la cual dejó sin efecto el esquema de asignaciones presupuestarias destinadas a mitigar el impacto económico que representaba para las prestatarias el cumplimiento de las leyes nacionales 22.431, 26.928 y 27.674.
Estas normativas obligan a los transportistas de jurisdicción federal a trasladar de forma gratuita a los ciudadanos con discapacidad con sus respectivos acompañantes, a personas trasplantadas o en lista de espera del Incucai, y a niños y adolescentes que se encuentren bajo tratamiento por patologías oncológicas. Con esta modificación normativa, el erario público deja de cofinanciar los pasajes de los colectivos interjurisdiccionales, trasladando el esfuerzo fiscal de forma directa al sector privado.
Los considerandos de la resolución oficial justifican la quita del subsidio basándose en la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia 883/2024, instrumento que desreguló el transporte automotor de pasajeros y facultó a los empresarios a fijar libremente sus recorridos, frecuencias, modalidades operativas y cuadros tarifarios.
Según la interpretación del Ministerio de Economía, la introducción de la libertad de precios reconfiguró de manera sustancial la ecuación económico-financiera de las empresas, dotándolas de las herramientas comerciales indispensables para cubrir estas obligaciones asistenciales dentro de su facturación general. Para la administración central, la causa estructural que originó la asistencia estatal ha sido superada, volviendo innecesaria la continuidad de los desembolsos vigentes hasta la fecha.
Vigencia del derecho de gratuidad y tensiones sectoriales
A pesar de la quita del incentivo financiero a los transportistas, la Secretaría de Transporte aclaró explícitamente en el documento oficial que el derecho a la gratuidad para los usuarios pertenecientes a los colectivos vulnerables permanece plenamente vigente, inalterable y exigible ante las boleterías.
Con el objetivo de garantizar la normal emisión de los pasajes sin cargo y evitar posibles maniobras de rechazo o lock-out patronal por parte de las cámaras empresarias, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) incrementará las auditorías y fiscalizaciones en las terminales del país, aplicando sanciones administrativas severas a aquellas firmas que restrinjan el acceso a las plazas obligatorias.
No obstante, la publicación de la medida tensa la relación entre el sector de Discapacidad y la gestión de la administración libertaria. Desde diversos organismos no gubernamentales y asociaciones de derechos humanos advirtieron que la eliminación de la compensación puede obstaculizar en la práctica el acceso real a los pasajes de larga distancia en un contexto donde el Poder Ejecutivo continúa sin reglamentar ni aplicar de forma efectiva la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793), sancionada por el Congreso de la Nación el año pasado y ratificada en sede judicial.
La falta de articulación de la norma de emergencia, sumada a las iniciativas oficiales que proponen una revisión a la baja de las coberturas prestacionales básicas, sitúa a las políticas de contención social en el centro del debate político y de los reclamos de los colectivos civiles afectados.
Fuente: Página 12.
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