Lo que el Instituto San Marino – Barquito de Papel presentó como un grave hecho de violencia interna, la Justicia lo terminó calificando como una medida arbitraria que vulneró derechos fundamentales. El conflicto, que se remonta a septiembre de 2025, escaló hasta la Cámara de Apelaciones, que el pasado 9 de marzo ratificó el fallo de primera instancia.
El alumno de tercer año había sido expulsado bajo la acusación de agredir a un compañero y a una preceptora. Sin embargo, la prueba clave fue un video de una cámara externa: las imágenes demostraron que el estudiante fue atacado por la espalda por un alumno de sexto año y que, además, le sustrajeron $40.000 de su mochila.
Fundamentos judiciales: La jueza Viviana Oste remarcó que, aunque se trate de una institución privada, el "derecho de admisión" no puede pasar por encima de la Constitución Nacional ni de los tratados internacionales que garantizan el derecho a la educación.
Capacitación obligatoria: Más allá de declarar abstracta la reincorporación (dado que el ciclo lectivo 2025 ya cerró), la Cámara instó al colegio a capacitar a su personal en herramientas pedagógicas para el manejo de conflictos.
El fallo condena además en costas a la institución, dejando un precedente claro sobre la responsabilidad de los directivos al aplicar sanciones disciplinarias sin el debido proceso.
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