Durante la mañana del viernes, la justicia de Villa Mercedes formalizó la imputación contra Mayte Reyna del Portugal Escudero por 15 hechos de estafa en concurso real, aunque la fiscalía advierte que los damnificados superarían los 50. Durante una audiencia que se extendió por casi una hora, el fiscal Leandro Estrada desglosó una maniobra delictiva basada en la vulnerabilidad y la urgencia habitacional de los vecinos.
Según la investigación, la acusada comercializaba derechos sucesorios y posesorios inexistentes sobre tierras ubicadas al noreste de la ciudad, terrenos que desde 2023 cuentan con regulación dominial a nombre del municipio y que fueron cedidos a la provincia para la construcción de 120 viviendas sociales.
El fraude no solo se limitó a transacciones monetarias que oscilaban entre los 2 y 9 millones de pesos, sino que incluyó la entrega de vehículos como parte de pago y cuotas mensuales por lotes que nunca podrían ser escriturados por los compradores. Estrada fue tajante al señalar que la mujer "hizo creer que tenía derechos que no poseía", aprovechándose de la "desesperación" de las familias. El impacto del engaño es tal que, actualmente, el plan de obras del Gobierno se encuentra paralizado debido a que varias de las familias estafadas permanecen en el predio custodiando lo que creen que es su propiedad.
La fiscalía y la querella municipal, representada por los abogados Lucio Agustín Pereira y Gabriela Escudero Ricarte, sospechan de la existencia de una asociación ilícita, ya que Escudero habría contado con cómplices para coordinar las ventas y falsificar documentación.
Un punto crítico de la investigación es el expediente de posesión veinteañal que la imputada inició en septiembre de 2024, un trámite que el fiscal calificó como "al borde de una estafa procesal", carente de testigos, pruebas de mejoras en el terreno o incluso vínculos familiares comprobables con los antiguos ocupantes del campo.
Ante el riesgo de fuga y el peligro de entorpecimiento de la causa, agravado por el hecho de que entre los estafados se encuentran efectivos policiales, el fiscal solicitó la prisión preventiva por 90 días y la inhibición de bienes de la acusada. Por el momento, la jueza Natalia Pereyra Cardini concedió una prórroga de detención de 7 días solicitada por la defensa, tiempo en el cual Escudero permanecerá alojada en la Alcaidía.
Mientras tanto, se dictó una medida de no innovar sobre el predio para evitar nuevas transacciones ilegales y se evalúa el desalojo de quienes ocupan irregularmente los lotes, a fin de retomar la construcción de las viviendas sociales que el fraude mantiene bloqueadas.
Fuente: El Chorrillero.
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